Constitución de la República. Una interpretación de la Carta Magna

 

Alejandro Ochoa Arias

El proceso constituyente en Venezuela, cuyo hito más destacado es la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre de 1999, se inicia con la creciente convicción en los distintos sectores de la política venezolana del deterioro profundo del ordenamiento jurídico que convirtió, a lo largo de los casi cuarenta años precedentes a esa fecha, al Estado venezolano en un delincuente y reincidente en la comisión del delito de omisión y de una increíble voracidad sobre los recursos del propio Estado venezolano para engrosar las arcas de sectores privilegiados de la sociedad venezolana.

Sin embargo, el asunto es mucho más complejo que simplemente reconocer que la sociedad venezolana adquirió una conciencia de su situación de indefensión de cara al poder absoluto de quienes poseían el control político del aparato del Estado. En realidad, el proceso constituyente no se realiza es decir, no alcanza su máximo esplendor, con la aprobación de la Constitución de 1999. Entre otras cosas, porque las razones que daban lugar a su redacción y aprobación no se correspondían con la distribución de las fuerzas políticas que desde la década del 80, cuando se propuso la reforma del Estado venezolano através de mecanismos como la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Reforma que con una honda convicción liberal se disponía desarticular dos de las características más peculiares del Estado venezolano.

La primera de estas características se refiere a un Estado todopoderoso en el sector económico que caracterizó la posesión más anhelada de todo el sector privado en Venezuela. En Venezuela, el Estado venezolano no es una construcción de los acuerdos y pactos de los diferentes sectores de la sociedad sino, casi, al revés: un Estado que se construye una sociedad. La segunda es derivada de la primera: un Estado que se erige sobre una sociedad ficticia y termina siendo una ficción en sí mismo.

De este sueño de Estado se genera la pesadilla de una sociedad desconcertada. Se entendió entonces que la solución para esta situación de un padre que se devora a sus hijos, era la construcción de los procesos de balances de fuerzas en los actores que fueron adquiriendo el control del Estado. Pero este control en Venezuela fue secuestrado paulatinamente de las élites intelectuales y políticas de las generaciones del 28 y del 45 (momentos estelares en el acontecer político venezolano del siglo XX) para que el poder fuera ejercido por los sectores económicos con alta capacidad de negociación aunque muy poca voluntad de asociar la suerte de sus negocios e inversiones con la suerte del país. Basta revisar el tratamiento de la deuda externa privada en Venezuela, caso paradigmático de transferencia de recursos públicos a un sector privilegiado de la sociedad sin que ocurriera la más mínima protesta para medir el nivel de descaro con el cual se ejerció tal influencia. Pero también, revisando el modo como se redefinió el sistema de la seguridad social de los trabajadores venezolanos, se observa el nivel de enajenación de los llamados representantes sindicales.

Obviamente, los grandes sectores de la población no aparecían en las correas de transmisión del poder político en Venezuela. Pero, tampoco se pretendía que estos sectores aparecieran. Es desde allí, desde un Estado enajenado de su sociedad, inexistente, y desde una sociedad que no se siente responsable de las instituciones del Estado, desde donde se hace necesario plantearse la pregunta sobre aquello que constituye de forma fundamental a la sociedad venezolana. Esa es la pregunta central, de fondo que a juicio nuestro, se debió formular ante el hito constituyente inaugurado en Venezuela formalmente con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999¿Qué nos constituye como sociedad? ¿Qué nos define como pueblo, como Nación? Estas preguntas no sólo son pertinentes en este nuevo hito del momento constituyente que nos ocupa como ciudadanos (entendido como proceso de replanteamiento de nosotros como sociedad y de nuestra propia articulación), sino que su pertinencia histórica y las circunstancias en la cual ella ocurre, requieren ser revisadas.

Para ello, es necesario preguntarse de quien o de qué es que se busca liberar la sociedad venezolana en este proceso constituyente contemporáneo. La respuesta es simple: se busca la emancipación del poder absoluto ejercido por una élite que secuestró la única institución reconocida internacionalmente para conducir a la sociedad venezolana: el Estado venezolano. Pero decir Estado venezolano es referirse a toda la estructura y red de poder instaurada detrás, como soporte y por encima de las instituciones del Estado venezolano: el sector económico, principal propietario de las instituciones del Estado, PDVSA quien se constituyera en una empresa “rebelde” a los dictados de las instituciones del Estado para provecho propio y de las trasnacionales del petróleo, el aparato militar devenido en aparato policial represor de las diferencias sociales internas y, finalmente la jerarquía de la iglesia católica y las Universidades. Todos estos actores han sido beneficiarios y co-partícipes de las distitntas formas de asalto a los recursos del Estado, por razones comprensibles históricamente en el desarrollo del siglo XX venezolano, y más recientemente, también por la búsqueda desenfrenada de granjearse el favor de los grandes capitales internacionales, verdaderos protagonistas de la red de poder instaurado en Venezuela.

Sin embargo, hay un enemigo más fundamental, del cual poco se ha dicho y generalmente, se le asocia a frases efectistas o publicitarias. El enemigo más profundo, es la completa enajenación cultural, política e institucional que se evidencia en la forma como sectores que dicen promover la construcción de nuestra sociedad, interpretan tal construcción como la vulgar sustitución de unos por otros, en el asalto a los recursos públicos de Venezuela. Poder que se ejerce y oculta los verdaderos esfuerzos de algunos sectores comprometidos por constituirse en el punto de partida para construir la nueva sociedad venezolana.

Allí, en la posibilidad de plantearse la sociedad como proyecto, radica la más excelsa condición de la Carta Magna, de norma de normas capaz de ordenar el sentido de nosotros como sociedad y de nuestro quehacer como ciudadanos. No se trata de la reducción del poder absoluto del aparato del Estado, ni tampoco de la sustitución de una élite por otra. Se trata, de proponer una sociedad que no resulte de la negociación circunstancial de las cuotas de poder para algunos sectores en Venezuela. Deberá trascender a esos intereses. Esta tarea ni es de los proponentes de la reforma ni de sus opositores. Es una tarea de todos los venezolanos que se plantean a la sociedad venezolana como un espacio de construcción colectiva y no en la arena de la confrontación de intereses subalternos. En este contexto, es importante mostrar también que tales intereses requieren ser revelados y puestos en el espacio de la comprensión que la sociedad venezolana se debe sobre todos y cada uno de los eventos que nos han constituido hasta el presente. Eso no sólo es necesario, en términos de identificar culpables, por su acción si no, además, por las condiciones que permitieron la omisión en actores llamados, al menos en el plano formal, a velar por las condiciones mínimas para una sociedad que aprecia a todos y cada uno de sus ciudadanos. En este renglón, las Universidades venezolanas y todo el sector del conocimiento, cultural y educación tienen una tarea pendiente por asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia.

Es aquí donde queda más claro que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa que se está gestando y cuyo parto no se puede predecir que terminará el 2 de Diciembre de 2007, será una Carta Magna, si es capaz de tener un destinatario preciso: la Sociedad Venezolana como proyecto y si es capaz de alcanzar su condición excelsa logrando superar los intereses bastardos que pululan en tantos sectores de la sociedad venezolana. Allí, en esa tarea titánica es que deberemos ser medidos los venezolanos que hemos asumido nuestro gentilicio como construcción y no como trampolín para hacernos con la riqueza de todos, para el disfrute de pocos. Cualquier otro resultado, será uno más de la larga lista de letras muertas sobre la cual se ha destruido la posibilidad de una nación, una Venezuela.

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¿Elecciones o Referéndum?

Mariángela Petrizzo

Un par de meses atrás, tuve la ocasión de compartir en una oficina gubernamental la revisión de un trabajo con alguien que, a mi juicio, está bastante centrado en cuanto se espera de si y su equipo.

Mientras conversábamos cosas inherentes al trabajo y el contexto político, comenzamos a hablar sobre el por venir de estos últimos días del año a la luz de las próximas “elecciones”.

Al oir esa palabra, me ocurrió como si el cassette de mi propia película se hubiera detenido de pronto presto a preguntarme qué era eso que eligiríamos este año. Repasé mi calendario, mi bioritmo y luego de pasar por la vergüenza de preguntar a otros al respecto llegué a la conclusión del error no sólo conceptual sino, incluso, táctico, que implicaba el desliz de hablar de “elecciones” de cara al referéndum de diciembre.

En política y en estricto senso, una elección tiene lugar cuando concurren una serie de candidatos que se postulan para algún cargo. No entraré aquí a discernir si se trata de un cargo político, o si se trata de un cargo en una comisión, o si se trata de una designación para una candidatura posterior, ni siquiera entraré a especificar si se trata de un cargo por representación o de, por ejemplo, vocería.

Lo importante es que en una elección concurren, en sentido sociopolítico, personas para ser elegidas.

Ciertamente esto no es lo que ocurre en un referéndum, donde lo que ocurre es un acto de legitimación (o de aval) por parte de los electores de actos o acciones que legalmente pueden ser ejercidas, o pretenden serlo, por aquellos que, previamente, han sido elegidos. Es decir, en un referéndum no se “elige”, se ratifica … o no una propuesta. Un referéndum está circunscrito, para el ciudadano, al entorno de decisiones y actos legales o políticos, y no a un contexto de escogencia de quienes ocuparán cargos.

Entendiendo que, la consulta popular sobre el proyecto de Reforma Constitucional en Venezuela, a celebrarse el próximo 2 de diciembre no se trata de una elección sino de un referéndum, y que esa diferencia tiene peso, veamos ahora por qué aquello que vi meses atrás, en un espacio distendido de confianza no sólo era un error conceptual, sino también un error táctico, aunque, por lo que he podido tantear, esta diferencia no sólo no es percibida sino que, incluso, es menospreciada.

Sin lugar a dudas, en el terreno electoral, es decir, de cara a unas elecciones, estrategia que se despliega para divulgar las opciones es sencillamente distinta, más diversa, de mayor duración y al tiempo más especializada que aquella que permite hacer un proceso de referéndum, entre otras cosas porque son más las opciones que concurren y más las posibilidades de los resultados que se presentarán.

Pero también, y quizás con mayor énfasis, las posibilidades que se abren, de cara a la formación ciudadana, en un proceso de referéndum son, ciertamente mucho mayores porque el mensaje es, debiera ser al menos en su espíritu, hacia la información del ciudadano y hacia el acercamiento a éste de todas las herramientas necesarias para la construcción de su decisión final.

En nuestro caso, asistimos a lo que considero es un peligroso juego de desaciertos y torpezas que se originan, qué duda cabe, en las propias incapacidades de los grupos de oposición para ser oposición (un papel nada desdeñable en una democracia sana), y en la extrema necesidad del equipo gubernamental de echar a andar esta carreta que somos como país en un contexto buena parte del tiempo adverso y cuyos pasajeros a ratos se debaten entre la desconfianza y los empeños diarios de poder hacer algo pese al sabotaje permanente de las fuerzas y tensiones internas inherentes a los procesos de cambio.

Definitivamente este concierto de desconciertos y, en algunos casos, de despropósitos ha inducido errores conceptuales, como el de no tener una claridad rotunda frente a las características del proceso al que acudiremos en pocos días, y sin duda esto también tiene raíces en lo novedoso que nos resulta a los ciudadanos venezolanos, acercarnos a procesos de participación activa en ratificación de actos políticos. Sin embargo, y quizás aquí la riqueza de todo esto, andamos, y de una forma que, quizás, a ratos nos es insospechada porque la radicalidad de cuanto ocurre (por vital y arraigado), nos es, sencillamente, ajeno a cuanto nos hemos construido (o destruido) como ciudadanos, desde el menosprecio de nuestra condición de tales en los últimos cincuenta años.

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La propuesta de diferir

Tomado de Ultimas Noticias. 11/11/2007

E. Díaz Rangel edrangel@cadena-capriles.com

En los últimos días parecen unificarse los grupos opositores en la demanda del diferimiento del referendo. Los últimos en sumarse fueron los dirigentes estudiantiles de la oposición, que entregaron formal petitorio al Tribunal Supremo. ¿Cuál puede ser la razón de esa demanda? Sencilla, que no ha habido tiempo suficiente para el debate.

Veamos si tienen razón. La más importante de las constituciones venezolanas es sin duda alguna la de 1811, aprobada el 21 de diciembre. De su contenido, lo único que trascendió los linderos del Congreso Nacional fue lo relativo a la independencia. En abril, cuando se cumplía un año de la primera reacción independentista, la Sociedad Patriótica inició una serie de debates en diversas casas del centro de Caracas, y en una de ellas Bolívar dijo su memorable discurso preguntándose si 300 años de calma no bastaban. Esa presión movió al lento Congreso a aprobar la declaración el 5 de julio. Ningún historiador nos ha dicho si discusiones parecidas las hubo en otras ciudades.

Y tampoco ninguna de sus investigaciones ha revelado que cuando los andinos llegan al poder y desplazan a los caudillos militares de las guerras independentista y la federal, sus nuevas constituciones fueron discutidas.

Tampoco sucedió en 1936, a la muerte de Gómez. El 16 de julio, casi inesperadamente, se supo que había una nueva. No ocurrió igual con la de 1947, la más avanzada de las 23 habidas hasta ese año. Fue producto de la “revolución de octubre”, y el venezolano conoció sus profundos debates ideológicos y políticos a través de la difusión de las sesiones de la Constituyente por Radio Nacional. Hubo 23 diputados que la firmaron con constancia de sus votos en contra o salvados. AD impuso su sólida mayoría (123). Pese a la gran actividad de sindicatos, gremios, organizaciones populares, no hubo una sola propuesta de la calle.

Cuando fue derrocado Pérez Jiménez, fue sancionada en 1961 la de más larga duración; fue discutida y aprobada al calor de las jornadas unitarias de 1958 y después, en defensa de la amenazada estabilidad democrática. Fue bastante consensual entre los parlamentarios de AD, URD, Copei y PCV. Una amplia comisión llevó toda la materia hasta el final. Ni las academias, ni los gremios, ni las universidades, ni la entonces poderosa CTV dijeron nada. Hasta el Art. 241 del estado de excepción fue aprobado sin una sola posición adversa.

Hubo que esperar hasta 1999, es decir, 188 años, para que otra vez una materia constitucional se debatiera fuera del Congreso o de la Asamblea, según el caso. Fueron semanas de intensas polémicas con las sesiones transmitidas por radio y TV, discusiones en la calle, no sólo en Caracas sino en todo el país. Nunca un asunto constitucional se había examinado tanto como en esos días.

Ese dinámico proceso de debates sólo es comparable al habido desde agosto con las propuestas del presidente Chávez de reforma constitucional. Varios de los 33 artículos fueron cambiados y, además, se le añadieron tantos como los originales. Si el debate no fue más amplio, fue porque la oposición no quiso estar representada en la Asamblea Nacional; no obstante ello se les escuchó, y a otros factores de la llamada vida nacional.

¿Qué se gana ampliando ese período de discusión? Nada, porque quienes lo proponen están en desacuerdo con este nuevo país que se quiere construir, con esa estructura de Estado, con esa concepción de la economía, con el poder popular propuestos, en fin, con una nueva visión de Estado y de país. En tales condiciones, lo que resta es el debate, la promoción de las propuestas a favor o en contra de su aprobación y terminar votando el 2 de diciembre.

Y si es así, ¿cuáles son las razones que realmente los mueven a pedir el diferimiento? Como pueden verlo, no tengo espacio. Será materia para el domingo 18.
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Reforma Constitucional
Luis Britto García
( http://aporrea.org/ideologia/a40283.html )
Me honró participar desinteresadamente como simple ciudadano en la comisión que aportó sugerencias para la reforma de la Constitución. El presidente Hugo Chávez Frías propone cambios radicales, urgentes, necesarios:

Territorio y espacio geográfico
Durante décadas el neoliberalismo impuso la ausencia de conciencia territorial, la descentralización a ultranza y la debilidad estratégica. La reforma reconstituye el fragmentado espacio urbano de Caracas, a cuyo efecto revive el Distrito Federal. Con fines de seguridad, defensa y desarrollo, crea nuevas entidades, como las regiones especiales militares (artículo 11), las ciudades, provincias, territorios y distritos federales y distritos insulares (artículo 15). Se constituye la unidad territorial primaria en torno de la ciudad, asentamiento poblacional integrado por comunas, y éstas por comunidades.

Sufragio y participación
El protagonismo de las bases es la raíz del proceso. La reforma obliga a que los candidatos a cargos de elección popular sean seleccionados en elecciones internas desde las bases, y permite al Estado financiar actividades electorales y legislar sobre el financiamiento, uso de espacios públicos y acceso a los medios de comunicación en las campañas. Asimismo, prohíbe el financiamiento a las asociaciones políticas o a participantes en procesos electorales con fondos o recursos provenientes de gobiernos o entidades públicas o privadas del extranjero (artículo 67). En mi concepto, debería además sancionarlo. La reforma amplía los medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas con decisiones vinculantes, los Consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta, la autogestión comunal, las organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales, las redes de productores libres asociados, el trabajo voluntario, las empresas comunitarias y demás formas asociativas constituidas para desarrollar los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista (artículo 70). En fin, la reforma extiende el período presidencial a siete años, y pauta que el Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo período (artículo 230).

Derechos sociales y laborales
Un pueblo participativo no puede estar desamparado. La reforma incorpora a la seguridad social a trabajadores no dependientes, tales como taxistas, transportistas, comerciantes, artesanos, profesionales y otros, mediante sus aportes y los del Estado a un “Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia” (artículo 87). Propone además una decisiva mejora de la calidad de vida al disponer en su artículo 90 que la jornada de trabajo diurna no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales y la nocturna no excederá de 6 horas diarias ni de 34 semanales.

Modelo económico
Una vida social plena requiere una economía socialista. La reforma en su artículo 112 postula un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en valores humanísticos de cooperación y preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible. Así mismo, la República fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, que pueden ser de propiedad mixta entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista.

El artículo 113 prohíbe categóricamente los monopolios, y estatuye que el Estado puede reservarse la explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien de dominio de la nación de carácter estratégico o la prestación de servicios públicos vitales, directamente o mediante empresas de propiedad social directa, mixta, o unidades de producción socialistas. Puede el Estado dar concesiones por tiempo determinado sobre bienes de la nación y servicios públicos, lo cual requerirá exigentes normas regulatorias.

Propiedad pública, social, colectiva y privada
Un nuevo Socialismo del Siglo XXI requiere nuevas formas de propiedad. El proyecto de reforma en su artículo 115 reconoce: 1) la propiedad pública, que pertenece a los entes del Estado; 2) la social, que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones, la cual podrá ser: indirecta, ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, o directa, la cual es comunal, cuando el Estado la asigna a comunidades, comunas, o ciudadana, cuando se asigna a ciudades; 3) la colectiva, perteneciente a grupos sociales o personas, para su aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado; 4) la propiedad mixta, conformada entre el sector público, el sector social, el sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación, y 5) la propiedad privada, que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos.

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Fuente:
http://aporrea.org/ideologia/a40283.html

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Dilemas constitucionales en Venezuela

Gerardo Pisarello

Mientras Tanto
Para una parte no desdeñable de la izquierda, Venezuela sigue siendo una referencia incómoda. Incluso entre quienes se quejan de las deserciones social-liberales de gobiernos como el de Lula, en Brasil, o Bachelet, en Chile, no son pocos los que no acaban de digerir el proceso encabezado por Hugo Chávez. Desconfían de su retórica, de su condición de militar, de sus veleidades castristas, de las diferencias de talante que lo separan de líderes socialistas democráticos como Salvador Allende. Puestos a escoger alternativas a las socialdemocracias o a los populismos realmente existentes, prefieren resaltar las bondades de experiencias como la boliviana e incluso la zapatista.
Desde luego, existen razones para pensar así. Sin embargo, la izquierda y, en general, los movimientos sociales que en diversos rincones del planeta luchan por la democratización de las relaciones políticas, económicas y culturales, deberían prestar atención a lo que está ocurriendo en Venezuela.

En primer lugar, porque se trata de una propuesta hecha en nombre del “socialismo”. Durante siglos, este ideal ha aglutinado las esperanzas igualitarias y libertarias de millones de personas. Pero con frecuencia ha sido utilizado en vano, como demuestra la experiencia de las dictaduras burocráticas del Este y de no pocas socialdemocracias. El hecho de que el proceso venezolano haya asumido como objetivo explícito, sobre todo tras las elecciones de 2006, “la construcción del socialismo del siglo XXI” no puede pasarse por alto. Y ello por razones bien diferentes a las del “turismo revolucionario” que busca descargar, cuanto más lejos mejor, energías que no se aplican a la transformación de las relaciones sociales más próximas. Atender al sentido que una antigua aspiración como “socialismo” está adoptando en el Sur es, además de una exigencia internacionalista, una oportunidad para repensar las propias formas de hacer política.

Otra razón para interesarse por el proceso venezolano es que se trata de un proyecto con pretensiones de transformar radicalmente, no desde la oposición, sino desde el propio poder estatal. Esto es algo que en Europa no ocurre hace décadas. En América Latina no pasaba posiblemente desde la revolución sandinista de 1979. Aquí residen, en buena parte, las expectativas, aunque también los interrogantes, que despierta la “revolución bolivariana”.

Uno de los últimos episodios de este proceso ha sido, precisamente, el proyecto de reforma de la Constitución de 1999 que el presidente Chávez acaba de presentar a la Asamblea Nacional. Las constituciones suelen reflejar las relaciones dominantes de poder en una sociedad determinada, así como las “decisiones fundamentales” en torno las cuales se pretende articular un sistema político, económico y cultural. La propuesta de Chávez, que en los próximos meses deberá ser discutida por el resto de instituciones y por el conjunto de la sociedad, es un buen espejo de los dilemas que se plantean al régimen venezolano.

Grosso modo, podría decirse que persigue tres objetivos, en ningún caso sencillos de conciliar: a) una mayor democratización del poder político y económico; b) una mayor concentración de poder en el ejecutivo, desprovista de controles suficientes; c) la supeditación del papel de las Fuerzas Armadas a los objetivos anteriores.

Existen numerosos aspectos en la propuesta de reforma que, en efecto, apuntan a una profundización de la democracia política y económica en Venezuela. Muchos de ellos recogen figuras y experiencias novedosas que contrastan con la lánguida realidad de las democracias de baja intensidad vigentes en otros países del mundo.

Así, por ejemplo, junto a los ya existentes mecanismos de asamblea, consultas, revocatoria de mandatos, iniciativas legislativas y constituyentes, se da carta constitucional, entre otros, a los consejos comunales, obreros, de campesinos y estudiantiles. Asimismo, se potencian las cooperativas de propiedad comunal, las diferentes formas de autogestión y las “redes de productores libres asociados”.

Al igual que ocurre con las “Misiones” sanitarias, de alfabetización, o de prestación de servicios en general, muchos de estos instrumentos de participación ya existen en la práctica. Otros pretenden incentivarse desde la reforma. La idea de fondo es que la participación desde abajo pueda ir ganando el espacio que, todavía hoy, ocupa una Administración Pública y un sistema de partidos y sindicatos atravesados por la corrupción, el sectarismo y la lealtad hacia el régimen de la IV República.

Para hacer creíble este propósito, la reforma avanza en aspectos inconcebibles en el ámbito europeo. Se prohíben los monopolios privados y los latifundios. Se tutelan diversas formas de propiedad (pública, social, privada) en el marco de un socialismo con mercados (aunque no de mercado). Se elimina la “autonomía” del Banco Central; o se establece la jornada laboral en 6 horas diarias y 36 horas semanales. Este último aspecto, acompañado del reconocimiento del trabajo voluntario y doméstico y de la apuesta por un modelo de desarrollo progresivamente independizado del petróleo, no sólo carece de parangón en otros regímenes políticos. También constituye una salvaguarda contra variantes autoritarias del socialismo, basadas en proyectos de “industrialización forzosa” insostenibles desde el punto de vista ecológico y opresivos en términos humanos.

El problema, en realidad, es que estos instrumentos de democratización radical (de los que, por obvias razones, se habla muy poco en los medios de comunicación mayoritarios) aparecen ligados a una notable concentración de poder en manos del ejecutivo. La centralidad de la figura presidencial, como se sabe, es una de las debilidades del proceso venezolano. Lo deseable, sin duda, hubiera sido que el propio proceso se hubiera convertido en escuela de formación de nuevos y nuevas dirigentes, capaces de “mandar obedeciendo”, durante tiempo limitado y sometidos a permanente escrutinio popular.

Sin embargo, como bien dejaron sentado los clásicos, son los hombres los que hacen la historia, sí, pero en condiciones que no les es dado escoger. La centralidad de la figura de Chávez es una realidad histórica del proceso bolivariano. Para bien y para mal, no es Salvador Allende. Su retórica, a menudo distorsionada por el filtro que de ella realizan los grandes medios de comunicación, puede resultar ajena a los códigos culturales de muchos militantes de la izquierda alternativa, sobre todo en Europa. Sin embargo, hoy por hoy desempeña una función simbólica y material sin la cual el proceso venezolano y las conquistas populares que el mismo ha implicado, correrían el riesgo de naufragar.

En primer lugar, porque Chávez es visto como un límite efectivo a los poderes oligárquicos internos y a los poderes imperiales externos. En segundo lugar, porque, al menos hasta ahora, ha actuado como catalizador del protagonismo democrático de sectores populares que nunca habían tenido voz en Venezuela. Finalmente, porque ante la ausencia de un sistema de partidos, de sindicatos o de movimientos articulados, ha operado como salvaguarda contra un repliegue nacionalista o contra una degradación burocrática del propio proceso. No hay que olvidar que cuando muchos apostaban por la construcción de un modelo nacionalista y desarrollista “en un solo país”, fue el propio Chávez quien dejó claro que la opción era otra: la construcción del socialismo. De un socialismo anti-imperialista, ciertamente, pero latinoamericanista y, a la postre, internacionalista.

El fortalecimiento de la figura de Chávez, en otras palabras, es una condición histórica del proceso venezolano sin la cual, guste o no, muchas de las conquistas obtenidas por los sectores populares podrían perderse. Otra cosa es la concentración de poder en sus manos, una tendencia de la que han comenzado a despuntar signos preocupantes y que supondría un serio obstáculo para la profundización democrática del proceso.

El reflejo más visible de esta tendencia es la propuesta de reelección indefinida. Esta medida, unida a la extensión del mandato presidencial, constituye uno de los puntos básicos del proyecto de reforma y ha desatado las iras de la oposición y de los grandes medios extranjeros.

No hay duda de que la reelección del ejecutivo comporta una lesión del principio republicano democrático de periodicidad de las funciones. Esa lesión, sin embargo, no es grave si se establecen instrumentos adecuados de control. En los sistemas parlamentarios, el propio control de la Asamblea legislativa es, al menos en términos teóricos, uno de sus instrumentos. En los sistemas presidencialistas, las posibilidades son varias: no permitir más de un cierto número de mandatos, como ocurre en Estados Unidos, o prever mecanismos revocatorios, como en Venezuela misma.

Pero hay un mecanismo obvio, por lógico: la reducción del mandato presidencial. El proyecto de reforma venezolano incorpora, junto a la propuesta de reelección, la de ampliación del mandato a 7 años ¿Por qué? ¿No ganaría acaso en legitimidad si la propia Asamblea sugiriera que junto a la admisión de la reelección se mantuviera el mandato presidencial en 6 años, e incluso se redujera a 5 o 4?

Lo mismo ocurre con otras facultades que el proyecto atribuye al presidente de manera casi discrecional: la creación de “Autoridades Militares Especiales” por razones estratégicas y de defensa; la designación de autoridades locales; la coordinación del resto de poderes o la determinación de la cuantía de las reservas monetarias excedentarias. La ausencia de definición de muchos de estos de términos se presta a usos claramente arbitrarios, sobre todo cuando no se establecen mecanismos adecuados de control, como la intervención de la Asamblea, de otros órganos institucionales o de la propia ciudadanía.

Confundir el fortalecimiento de la auctoritas presidencial con la concentración de poder y la supresión de controles es un error. Por razones ético-políticas y por razones históricas. Una de las trágicas lecciones que arrojan las experiencias “socialistas” del siglo XX es que el mismo poder que puede ser herramienta de democratización y de erradicación del despotismo privado puede, sin límites y controles adecuados, convertirse en fuente de nuevos despotismos y de frustración popular. La historia de América Latina está atravesada de experiencias caudillistas bonapartistas que han desempeñado un papel más o menos progresivo (piénsese, por ejemplo, en el caso de Lázaro Cárdenas, en México). Pero eso no tiene que ver con la construcción de un socialismo democrático a la altura de los retos del siglo XXI.

Por más lúcido y honesto que pueda resultar un dirigente –y Chávez ha dado no pocas muestras de estas virtudes– la suplantación paternalista de la participación popular desde abajo sólo puede conducir a la degradación de las aspiraciones libertarias e igualitarias propias del socialismo. Y ello no depende sólo de lo que el líder pueda hacer o no. Tiene que ver con las conductas que un cesarismo de este tipo genera en el resto de cuadros dirigentes y en el conjunto de la población: desde el culto a la personalidad a la inhibición del debate y de las voces más críticas, pasando por el sectarismo, la delación o la promoción de los burócratas de aparato.

En el caso venezolano, esta deriva sería especialmente peligrosa si acabara por contagiar el propio papel de las Fuerzas Armadas en el conjunto del proceso. Muchos sectores pacifistas y anti-militaristas recelan del proceso venezolano por el hecho de que Chávez es un militar y por el protagonismo que las Fuerzas Armadas han tenido en su gobierno. Esta actitud de sospecha es seguramente necesaria. Sin embargo, no puede obviar las considerables diferencias de origen y función entre el ejército venezolano y otros ejércitos latinoamericanos e incluso europeos.

No estamos hablando ni de la OTAN ni de los elitistas generales prusianos que condujeron las dictaduras argentina o chilena. Es más, cualquiera que conozca mínimamente la coyuntura venezolana sabe el destacado papel que han tenido las Fuerzas Armadas en el desbaratamiento del golpe de Estado de 2002 así como en la puesta en marcha de programas sociales con frecuencia saboteados desde la Administración Pública tradicional. Estos elementos no pueden soslayarse desde una perspectiva idealmente pacifista.

La puesta en marcha de reformas imprescindibles para asegurar los derechos civiles, políticos y sociales de todos, como la supresión de monopolios y oligopolios informativos, agrarios, industriales, etc., serían imposibles, en las condiciones actuales, sin algún tipo de coacción estatal (comenzando por la coacción fiscal). En el caso venezolano, el amplio apoyo social del régimen y la existencia de instrumentos “amortiguadores” como las reservas petroleras, han evitado que las transformaciones en marcha deriven en una abierta guerra civil.

Sin embargo, las reformas o las amenazas de reforma llevadas a cabo hasta el momento han generado una respuesta feroz por parte de las viejas oligarquías y sus aliados, incluido el golpe de Estado. Experiencias como la de la II República española, tras el levantamiento franquista, o la del Chile de Allende, tras la asonada de Pinochet, constituyen un trágico ejemplo de los límites de una reacción simplemente “pacífica” frente a la violencia ejercida por los sectores privilegiados de la sociedad contra los más desfavorecidos. En Venezuela, fueron la movilización popular y el respaldo al gobierno de importantes sectores de las Fuerzas Armadas los que frustraron, tanto el golpe de Estado de 2002, como el paro petrolero posterior.

Naturalmente, reconocer la inevitable existencia de momentos “autoritarios” en cualquier proceso que se plantee seriamente la introducción de reformas estructurales -sobre todo cuando éstas tienen lugar en sociedades caracterizadas por desigualdades abismales de poder- no supone rendirse ante lógicas pretorianas o directamente dictatoriales.

Uno de los puntos fuertes de la Constitución venezolana de 1999 es la condena que realiza de los delitos de lesa humanidad y de las violaciones graves a los derechos humanos, que son calificados como imprescriptibles. Mantener la primacía de la lógica de los derechos humanos sobre cualquier lógica belicista sería, precisamente, una manera de reforzar una característica que ha dado fuertes credenciales ético-políticas al proceso bolivariano: la de encarnar una revolución pacífica y democrática, que sólo se arma a efectos defensivos y nunca con fines meramente represivos del adversario o con objetivos imperialistas.

Lo que hay en el fondo de esta reflexión no es tanto el rechazo en abstracto del poder, sino el rechazo del poder incontrolado, sin límites, incluido el poder de los “propios”. La legalidad socialista, en efecto, no puede ser una carta blanca otorgada a ningún poder constituido, por más revolucionario que asegure ser y por más ejemplares que sean los individuos que lo encarnan. El poder, sobre todo cuando se trata del poder coactivo del Estado, es una bestia que necesita bozales, para que las dentelladas supuestamente dirigidas contra los dominadores no acaben devorando a todos: opresores y oprimidos, opositores y disidentes, hasta alcanzar incluso a quienes creen controlar las riendas.

En realidad, muchos de los tic cesaristas-plebiscitarios que contiene la propuesta presidencial de reforma constitucional podrían corregirse. La exhibición de capacidad crítica sería una manera de desbaratar los argumentos de la oposición y de salvar las credenciales democráticas y pluralistas del socialismo bolivariano. Así, el propio proyecto de reforma constitucional ganaría en legitimidad y podría presentarse como un intento de profundización, y no de abandono, de la “democracia participativa y protagónica” consagrada en la Constitución de 1999.

La dirigencia venezolana y los movimientos populares que sostienen el actual proceso político han dado sobradas muestras de inteligencia y coraje como para no advertir la importancia de que la revolución siga siendo “bonita”. Ojalá puedan conjurar, también en esta encrucijada, los peligros que se ciernen sobre ella.
(Publicado en Rebelión)

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La decisión de Venezuela

María Vacas Sentís

Rebelión

Los recurrentes ataques hacia la propuesta de reforma de la Constitución venezolana son sólo el penúltimo capítulo de un serial de descalificaciones viscerales, nacidas en su mayoría del interminable imaginario de las fuentes anónimas y del anecdotario más fútil, hacia el proceso protagonizado en Venezuela por Hugo Chávez. Dentro de esta marea, se cae muchas veces en la torpeza de calificar un proceso apoyado en las urnas con porcentajes superiores al 60-70 por ciento, en función únicamente de criterios formales y por pura alergia a una estética, en lugar de valorar los acontecimientos por su contenido y trascendencia, como sería del todo deseable.

Conforta, en este contexto de ausencia de rigor, escuchar a un jurista como Eligio Hernández, exfiscal general del Estado español, no sólo defender el planteamiento de la reforma porque no vulnera en ningún caso los principios básicos de un Estado de Derecho, sino también valorar al demonizado presidente Chávez, por liderar uno de los “proyectos políticos más interesantes de los últimos tiempos”; la reinvención del socialismo o socialismo del siglo XXI; simplemente –y esto lo digo yo- el derecho a buscar un camino alternativo al sistema imperante que nos conduce directamente a la destrucción del Planeta y al reinado absoluto de la desigualdad. Todo ello dentro de raíles democráticos, no como en experimentos políticos anteriores; y desde el internacionalismo, persiguiendo la unidad política de América del sur como objetivo estratégico irrenunciable.

La reforma constitucional, que ya ha sido ratificada por la Asamblea Nacional, foro donde la oposición no está representada porque no le dio la gana en su momento de concurrir a los comicios, persigue la modificación de 69 de los 350 artículos de la Constitución del año 1999, y será sometida el 2 de diciembre a referéndum. Entre las críticas más reiteradas al proyecto destaca el revuelo provocado ante la posibilidad de la reelección indefinida del presidente del Gobierno, como si los presidentes europeos –por no hablar de algunos jefes de Estado- sí tuvieran límite de mandato; o la potestad de decretar el estado de excepción, como si Venezuela inventara una fórmula inédita en las constituciones de todos los países democráticos del mundo.

Sin embargo, la reforma sí que incorpora aspectos verdaderamente novedosos, como la eliminación de la “autonomía” del Banco Central –algo por lo que en Europa aboga ya hasta el mismísimo Sarkozy-; prohíbe los monopolios privados y los latifundios no productivos; consolida las Misiones, como instrumento que ha servido entre otros logros para que Venezuela haya sido declarada territorio libre de analfabetismo por la UNESCO, o para que millones de personas tengan acceso gratuito a la salud; y establece la jornada laboral en 36 horas semanales.

Pero lo que realmente escuece a los detractores de la política de Chávez son los proyectos de colaboración (ALBA) que Venezuela viene estableciendo con los países de su entorno, basados en el intercambio de recursos, en frenar en lo posible la firma de nuevos Tratados de Comercio bilaterales que siempre benefician al más fuerte, y con la mira puesta en la conformación de América del sur como bloque económico unido frente a la Unión Europea y Estados Unidos. O la próxima creación del Banco del sur, una institución crediticia, en la que embrionariamente estarán Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay, y a la que Colombia, un país libre de toda sospecha izquierdista, ha anunciado su intención de unirse. El Banco del sur financiará proyectos de desarrollo e integración sudamericana, y evitará las relaciones de dependencia con las entidades internacionales de crédito, que vinculan sus préstamos a la adopción de políticas macroeconómicas que acaban con todo lo que huela a público.

Eligio Hernández reconoció valientemente que un fenómeno como el que vive Venezuela no puede ni debe ser valorado únicamente en función de la propaganda. De ahí que decidiera un buen día –como relató él mismo- analizar la situación con objetividad e independencia de criterio, venciendo la pereza y el “llamativo bombardeo informativo” en contra del proceso venezolano. Quizás todos deberíamos hacer ese mismo esfuerzo; dejar de ensañarnos con el malo oficial y hacerlo con personajes verdaderamente dañinos, preguntándonos qué hay detrás de los orquestados ataques al proyecto venezolano y del terror a que otros países sigan su ejemplo.

mvacsen@hotmail.com

(Publicado en Rebelion)

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Declaraciones de Orlando Chirino, coordinador nacional de UNT

“Existen tres visiones sobre la reforma constitucional”
Aporrea

Invitado por varias agremiaciones sindicales de Panamá, el Coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, Orlando Chirino, participó en diversos eventos sindicales y charlas sobre la situación política de Venezuela. En una de ellas, ante un auditorio de 150 personas, conformado por trabajadores y empleados de la Caja del Seguro Social de Panamá y dirigentes de 15 sindicatos, el líder obrero venezolano aseveró que en la coyuntura política nacional de Venezuela, se debaten tres visiones sobre la reforma y el nuevo país que se necesita.

“No es cierto que en Venezuela sólo haya un debate entre los defensores del gobierno y la oposición golpista con respecto al proyecto de reforma constitucional que ha sido presentado por el Presidente Chávez y la Asamblea Nacional. Realmente existen tres visiones sobre la Reforma Constitucional”, acotó el dirigente sindical.

“De una parte está la oposición golpista, la cual a su vez está fragmentada en dos grandes vertientes; en segundo lugar se encuentra el Gobierno, la Asamblea Nacional y todos los que están a favor del proyecto de reforma sin que se le cambie ni un punto ni una como lo ha solicitado el Presidente Chávez; y en tercer lugar estamos quienes nos manifestamos a favor de una reforma o de una nueva Constitución que efectivamente avance hacia el socialismo reflejando los inmensos triunfos políticos, económicos y sociales alcanzados por los trabajadores y el pueblo en la lucha contra el imperialismo, las multinacionales, la oposición golpista y los poderosos grupos económicos que aún controlan el país.”

“La situación política del país se ha transformado. La polarización ya no sólo se da entre el gobierno y la oposición golpista. También comienza a expresarse una tercera fuerza que exige avanzar de verdad hacia el socialismo, que rechaza el burocratismo y la corrupción de la V República, que tiene como perspectiva el socialismo y que cuestiona la reforma presentada por el Presidente, por cuanto no ataca las bases fundamentales del capitalismo, porque permite la existencia de empresas mixtas a través de las cuales las multinacionales seguirán explotando nuestros recursos y la mano de obra venezolana”.

“Es interesante observar las transformaciones políticas operadas en el país. Por ejemplo, los grandes grupos económicos y las multinacionales que idearon y lideraron el golpe y el paro saboteo patronal, hoy acompañan en silencio el proyecto de reforma constitucional. A pesar de que los Grupos Mendoza y Cisneros fueron derrotados contundentemente por el pueblo venezolano, los empresarios de estos dos grupos han sido los más beneficiados económicamente. El Grupo Mendoza abastece con sus productos alimenticios la Red Mercal, mientras que al Grupo Cisneros se le prolongó las concesiones para sus medios de comunicación.”

“Las multinacionales petroleras que auparon el paro-saboteo en la industria, la mayoría de ellas aceptó la transición hacia empresas mixtas, porque es un buen negocio, ya que colocan el 40% de la inversión y es PDVSA quien se encarga de asegurarles sus ganancias. Las multinacionales del sector automotriz gozan de exención de IVA para promover mayor venta de carros a precios populares, permitiéndoles para este año la venta de 450.000 unidades, lo que significa un crecimiento del 300% con respecto al año 2002. Otro sector que ha obtenido ganancias espectaculares es el sector financiero, que no paran de batir record de ganancias anuales. Desde esta óptica, se aleja cada vez más la posibilidad de un nuevo golpe de estado promovido por parte de los grandes grupos económicos, las multinacionales y el poderoso sector financiero”.

“Hay otro sector de la burguesía, que aunque lucra del crecimiento económico, enfrenta más radicalmente al gobierno del Presidente Chávez, pero no está en condiciones de desestabilizar, ni de dar un golpe militar al estilo del 2002. Ellos presionan, desabastecen el mercado y con este chantaje logran que el gobierno acepte la suba de los precios de artículos de primera necesidad. Antes de viajar para acá (Panamá), el gobierno autorizó un incremento del 25% en el precio del aceite de cocina y se ha anunciado el incremento en los precios de la harina y el pan. Sin duda sucederá lo mismo con la leche y el azúcar que a pesar que se están produciendo normalmente, están escondidos, como mecanismo de presión para que el gobierno acepte aumentos de precios. Los precio de la leche y el azúcar en los últimos cinco años se han incrementado en un 150%.”

Este sector de la oposición es más radical, pero también está fragmentado. Aunque se pronuncian en contra de la reforma, tienen dos posiciones. Unos llaman a abstenerse y otros a votar NO. Quienes llaman a votar NO, son esencialmente los empresarios agrupados en Acción Democrática y COPEI los dos partidos tradicionales de la burguesía, que de una u otra forma también se han visto favorecidos, ingresando a algunas esferas de gobierno y quiere legitimarse políticamente. El sector que más adversa es el sector de los nuevos partidos de oposición de la clase media anti-chavista, que llaman a la abstención, según ellos para no convalidar supuestos fraudes del CNE ni para legitimar al régimen político venezolano al cual catalogan de dictatorial”.

“Pero lo más importante de todo esto, es el proceso que se da por abajo. Lo que yo llamo como la Terera Fuerza, que está conformado por los sectores más luchadores del movimiento sindical, campesino y comunitario Se destacan los petroleros, los campesinos que recuperan tierras, que exigen acabar con la gran propiedad terrateniente y las comunidades que quieren ejercer el poder en sus áreas de influencia. Esta Tercer Fuerza quiere acabar con la explotación capitalista, no quieren que la plusvalía que produce su trabajo se la queden los empresarios, ni el sector financiero, ni las multinacionales. Este sector se opone a la corrupción, a la burocracia existente, quiere que el poder esté en manos del pueblo y en eso no tiene coincidencia con la propuesta presidencial, porque la reforma presentada por el Presidente no cuestiona la propiedad privada, quiere empresas mixtas. Esta nueva fuerza social revolucionaria quiere que se amplien los mecanismos de participación popular y la creación de una nueva forma de gobierno, en la que el pueblo legisle, ejecute y administre justicia. Con esto quiero decirles que este sector quiere una nueva revolución, en la que los trabajadores y el pueblo gobiernen”.

Para finalizar su exposición, el dirigente sindical venezolano hizo una amplia exposición de la reciente lucha en defensa del convenio colectivo de trabajo en la industria petrolera, así como las dificultades que se presentan para la negociación del contrato marco para los empleados públicos que hace 30 meses presentaron su ante-proyecto de contrato y esta es la hora en que aún no se inicia la negociación.

(publicado en Rebelión)

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Debate sobre la reforma constitucional

Cristiano Morsolin

Rebelión

El vicepresidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Giusto Catania defendió el jueves 11 de octubre en el Europarlamento el proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente de Venezuela Hugo Chávez (http://www.guengl.org/showPage.jsp?ID=5169&AREA=1342&HIGH=1).

“Esta reforma constitucional responde absolutamente a los estándares europeos. En casi todos los países de Europa existe la posibilidad de que un Presidente de la República elegido por el pueblo o un Primer Ministro pueda repetir su mandato indefinidamente. Ocurre en España, Francia, Gran Bretaña e Italia”, dijo Catania en una conferencia de prensa organizada en Bruselas por los eurodiputados de izquierda, el italiano Giusto Catania y español Willy Meyer Pleite. “Únicamente se habla de la reelección, pero no se ha debatido sin embargo la descentralización de las competencias en los consejos municipales”, continuó Catania, quien calificó a la reforma propuesta de “muy democrática”.

“En Venezuela se está dando un proceso de cambio participativo y democrático. Estamos en el compromiso de construir una sociedad socialista. No andamos con planes de confrontarnos con nadie”, agregó el Defensor de Pueblo venezolano, Germán Mundaraín.

El eurodiputado español de IU Willy Meyer, criticó “la postura irreductible y el ruido desde la derecha europea y el Partido Popular (conservador)” contra Venezuela, una posición que a su juicio, “esconde en su discurso una crítica al papel positivo que está jugando Venezuela en la integración regional” en América del Sur”, al citar como ejemplo del recientemente creado Banco del Sur (http://www.cadtm.org/spip.php?article2852 ).

La propuesta de reforma constitucional que se analiza en Venezuela constituye un verdadero avance que garantiza y consolida el sistema de libertades, al tiempo que fortalece la democracia en Venezuela, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Giusto Catania se mostró igualmente convencido de la ampliación del protagonismo y participación del pueblo que presenta la propuesta de reforma, lo cual brinda un verdadero empoderamiento de los ciudadanos, quienes ahora tendrán la posibilidad de apropiarse de su propio devenir histórico. Asimismo, manifestó que el contenido de la reforma representa una lección para Europa, debido a que demuestra que sí es posible avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo democrático distinto a lo que imponen los centros financieros mundiales, y romper con el neoliberalismo salvaje que cada día amenaza la supervivencia de la especie sobre el planeta. «Europa tiene la obligación de acercarse a los cambios que se están produciendo en América Latina y, especialmente, al proceso transformador y eminentemente social y democrático que conduce el presidente Hugo Chávez en Venezuela», dijo el eurodiputado Catania (www.giustocatania.it ).

ADOLESCENTES TRABAJADORES VISITAN INSTANCIAS DE LOS PODERES PÚBLICOS EN VENEZUELA

También el Movimiento de NATs (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) participa activamente en el debate sobre la reforma constitucional en Venezuela.

Como parte de los compromisos emanados de la celebración del III Encuentro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores celebrado en el Estado Lara a principios del mes de Octubre (http://www.aporrea.org/trabajadores/n102811.html), el pasado 17 de Octubre una comisión integrada por los adolescentes Rut Molina de 15 años, Josep Zerpa de 17 años de edad, Jesús Parra de 14 años, Blas Antonio Pacheco de 16 años y Abrangela Vásquez de 14 años, todos pertenecientes a la Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CORENATs) realizaron una visita a los representantes de diferentes poderes públicos en Caracas. El recorrido se inició en el despacho del Vice Ministro del Poder Popular para Trabajo y la Seguridad Social Pedro Chacón quien recibió a la comisión de NATs (Niños Trabajadores) donde se intercambió la importancia que desde el Ministerio del Trabajo se retome la política de inspección y protección de este sector de la población como una prioridad nacional. Esta importante visita fue acompañada por Ángel Gonzáles, educador del Movimiento Corenats y del Movimientos Latinoamericano MOLACNATs, junto a Cristiano Morsolin, experto de movimientos sociales del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (http://www.selvas.org/dossNAT22.html ).

Seguidamente la comisión de Niños se dirigió a la sede de la comisión de desarrollo social de la Asamblea Nacional con el fin de hacer entrega del pronunciamiento acordado en el III Encuentro Nacional con las propuestas y observaciones que durante 2 días y medio los niños, niñas y adolescentes trabajadores estuvieron analizando y debatiendo en el marco de las propuestas reforma Constitucional presentada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías (http://www.aporrea.org/trabajadores/n102811.html). Allí fueron recibidos por el diputado Melaquías Gil quien se comprometió a presentar el documento a las diferentes comisiones que en la Asamblea se crearon a propósito de la propuesta de reforma. En la misma línea el Diputado Alberto Castelar quien es el Vicepresidente de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud se entrevistó con esta comisión y valoró el hecho de que exista una instancia que se construye a nivel local y nacional parta promover la participación de los niños trabajadores al mismo tiempo que les invitó a participar en algunas actividades que se desarrollan para profundizar el debate sobre la reforma sobre todo a nivel de las instituciones educativas.

Finalmente la Dra. Tibisay Lucena presidenta del Consejo Nacional Electoral realizó una charla amena con estos adolescentes quienes además fueron acompañados por las jóvenes Mathierline Aranguren del estado Yaracuy y Libertad Velasco quien forma parte de la comisión presidencial para el poder popular estudiantil. La conversación se centró en el apoyo que estos jóvenes le daban a la propuesta de reducción de la edad para el derecho al sufragio de 18 años a 16 años. Propuesta que fue presentada ante la Asamblea Nacional por la adolescente Mathierlíne Aranguren pero que ya desde el 15 de agosto del presente año diferentes organizaciones de jóvenes como los grupos de base de la CORENATs venían analizando y que se concretó en el documento del III Encuentro Nacional. La Dra. Tibisay Lucena, felicitó a los chicos por la iniciativa y por el nivel de conciencia y organización, al mismo tiempo les invitó a incorporarse en las acciones que se desprenderán el próximo año de ser aprobada la reforma y particularmente el articulo referido a la edad mínima para votar en las elecciones.

Según los propios delegados de la CORENATs, ésta jornada del 17 de Octubre constituye un hecho histórico en la lucha de los niños y adolescentes trabajadores organizados en Venezuela ya que por primera vez son recibidos por altos representantes de los poderes públicos sin discriminación por su condición de ser niño y particularmente por ser niños, niñas y adolescentes trabajadores. Una muestra más del proceso de transformación que vive la sociedad venezolana.

Ruth Molina, delegada de Corenats y del Movimiento Latinoamericano MOLACNATs, comenta que “CORENATs nace en 2003 con la finalidad de crear espacios de encuentro, intercambio, formación, propuestas y denuncias dirigido por y para los NATs; hemos resumidos nuestra visión y misión en la carpeta que les hemos entregado. Actualmente tenemos grupos de NATs organizados por nosotros mismos en los Estados de Lara, Trujillo, Táchira, Zulia y también contactos con otras organizaciones amigas en Caracas, en Bolívar, Miranda y Barinas. Trabajamos 3 ejes estratégicos los cuales son: Participación y Protagonismo, el cual trata de cómo podemos participar e incidir en la sociedad y cualquier espacio en el que nos encontremos para debatir propuesta e ideas que mejoren nuestra realidad y condiciones de vida; Trabajo Alternativo, trata de brindarle Alternativas de Trabajo Digno a todos los NATs con las cuales ellos se puedan desvincular gradualmente del trabajo en el que se encuentran y muchas veces están en condiciones de explotación y poder brindarle de esta manera alternativas de trabajo que les permita desarrollarse y por ultimo Formación Integral, que trata de formar a todos los NATs integrantes de nuestros grupos en áreas que aumenten su desarrollo personal y que luego ellos puedan convertirse de esta manera en promotores de su desarrollo integral y portavoces de esta formación”.

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL: “NOS MANIFESTAMOS CON ORGULLO”

En ocasión de celebrarse nuestro III Encuentro Nacional de NATs (Cubiro, 5-7 de octubre del 2007), como Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CORENATs) hemos dedicado gran parte de este en analizar lo concerniente a la Propuesta de Reforma Constitucional. La presente, es para dar nuestra opinión y ejercer nuestro libre derecho a la participación (Derecho explicito en la LOPNA y en la Constitución de Republica Bolivariana de Venezuela) en relación al Proyecto de propuesta de Reforma Constitucional; queremos manifestarnos:

Nosotros la CORENATs de Venezuela Felicitamos, Ratificamos y Apoyamos al Proyecto de Reforma Constitucional, presentada por el Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías y a la vez proponemos en siguiente documento, nuestros planteamientos para ser incluidos en los ejes fundamentales del proyecto:

1ER EJE: EXPLOSIÓN DEL PODER POPULAR

Articulo 70: Queremos que dentro de los Medios de Protagonismo y Participación se debe reconocer el Poder Popular de las organizaciones de NATs (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) que en la practica de la vida de cada día estamos construyendo Cooperativas, Autogestión y Trabajos Voluntario, en la misma perspectiva del articulo 70 con el objetivo de Construir el Socialismo desde le protagonismo de la infancia.

Artículo 158: Dentro de la participación ciudadana del pueblo se tiene que visualizar el compromiso y el protagonismo del sector social de la infancia en general sin excluir a los NATs.

Artículo 168: Que se incluya en este artículo que los ciudadanos y ciudadanas a partir de 15 años tengan el derecho al sufragio considerado que a esta edad se puedan tener cargos como contratos de trabajo, participación en el órgano ejecutivo de los Consejos Comunales, creación e integración en los sindicatos de trabajadores, entre otros.

2DO EJE: MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA

Articulo 112: Proponemos que nos garanticen la igualdad la participación dentro de la conformación de estas empresas y la capacidad de conformarlas; que se nos garanticen los derechos laborales; que en las empresas que se conformen no haya discriminación social, proponemos que surjan escuelas productivas dentro de la educación bolivariana y que estas pueda fomentar el Trabajo Productivo y sea reconocida como parte del Nuevo Modelo Productivo Socialista.

Articulo 115: Ratificamos y apoyamos la intencionalidad de garantizar la seguridad de las diferentes propiedades y de las medidas que se tomarán para garantizar el bienestar de la sociedad.

Articulo. 307: Valoramos el hecho del reconocimiento de las tierras de los campesinos y así mismo pedimos que en la Proyecto de Propuesta de Reforma Constitucional se establezca que estas tierras sean asignadas a organizaciones populares, como cooperativas o comunidades y que vengan acompañadas con un crédito y orientadas a satisfacer las necesidades y realidad de dichas regiones

3ER EJE NUEVA GEOMETRÍA DEL PODER:

Artículo 16: Organizar cooperativas entre los estados y sociedades que tengan mismos fines y realidades en el cual nosotros los NATs debemos ser tomados en cuenta sin discriminación.

Artículo 305: Que el estado nos garantice nuevas fuentes de trabajo sin explotación a nosotros los NATs y Trabajadores y Trabajadoras Independientes (Buhoneros, obreros, taxistas, artesanos, NATs no organizados, etc.) promoviendo así la educación y a la vez garantizando un Salario Justo y Digno para cubrir nuestra necesidades.

4TO EJE: DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Articulo 87: Nosotros los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores planteamos una nueva redacción la cual queda de la siguiente manera:

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El estado garantizara la adopción de medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva, que les proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del estado fomentar el empleo la ley adoptara medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizara a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado.

A los fines de garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, como taxistas, transportistas, comerciantes, artesanos, profesionales y todo aquel que ejerzan por cuenta propia cualquier actividad productiva para le sustento de si mismo y de su familia, la ley creara y desarrollara todo lo concerniente a un “Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, para que con el aporte del estado y del trabajador, pueda este ultimo gozar de los derechos laborales fundamentales, tales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, reposos, prenatal, postnatal y otros que establezcan las leyes”.

Artículo 90: ¿Al reducir la jornada de trabajo de los adultos, se reduciría la jornada de trabajo de los NATs?; si este es el caso pedimos que se nos brinden programas especiales de trabajo para los NATs tales como: Cooperativas para Nats, Escuelas Productivas, Iniciativas de Economía Solidaria y Popular, Programas de Desarrollo Endógeno, etc.… Que nuestra jornada de trabajo sea reducida a 5 horas de trabajo en la cual una de estas horas sea utilizada para la formación; para de este modo poder Dignificar y Mejorar nuestras condiciones de vida y además, ser Promotores y Protagonistas de Nuestro Desarrollo y ejercer nuestro Derecho Libre a la Participación.

Articulo 100: Estamos de acuerdo con que se reconozca las diferentes culturas como las Raíces Indígenas, la Afrodescendientes, Europeas que dieron origen a nuestra Gran Nación Suramericana, mas también decimos que así mismo como se Reconoce, que también sea Valorado y que se creen programas especiales para la preservación de todas estas Raíces culturales. Pedimos que se reconozca a nosotros, los Niños, Niñas y Adolescentes que realizamos Trabajos Culturales y que también se nos incorpore en el Sistema de Seguridad Social.

En resumen le felicitamos Sr. Presidente Hugo Rafael Chávez Frías y así mismo le pedimos que se nos escuche y se nos tome en cuenta como seres Participativos con Capacidad de Decidir y Promotores y Protagonistas de Nuestro Desarrollo Integral”.

*Cristiano Morsolin, educador italiano y operador de redes internacionales por la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. Acompaña los Movimientos NATs en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Perú, Colombia, Ecuador, Brasil. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.

(Publicado en Rebelión)

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Breve análisis marxista de la propuesta de Reforma Constitucional del presidente Chávez

Manuel Sutherland

Rebelión

La velocidad de los cambios en el proceso bolivariano es asombrosa, hace apenas 7 años el pueblo en un proceso Constituyente reformó la vetusta Constitución de aquel lejano 1961 por la ahora vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) incorporándole un cariz progresista y patriótico. Sin embargo el avance del proyecto ha hecho que la novel CRBV se considere ya un obstáculo y se opinen que ya: “no nos sirve, pues en ella predominan los elementos económicos y políticos de corte capitalista” . En lo anterior podemos estar todos de acuerdo, y vemos con simpatía la propuesta de cambio de la misma, aunque el método y la esencia de esa propuesta luzcan distantes de la necesidad científica inmediata de trascender el sistema. Sin abordar las 33 reformas propuestas, considero perentorio contribuir en los aportes críticos a los aspectos puntuales referentes a la Economía Política, a lo que falta y lo que parece relativamente incierto.

Sin esquematizar en exceso es menester ahondar en algunos artículos básicos y enmarcarlos en un contexto familiar que los pueda relacionar de forma simple. En ese análisis estarán a su vez propuestas que espero se puedan incorporar a la discusión del texto previo a su examen refrendario en diciembre de este mismo año.

El advenimiento de la reforma

“El pasado 15 de agosto, Chávez presentó en la Asamblea Nacional su anunciada reforma constitucional luego de meses de hermetismo” Tras medio año de rumores y secretismo el presidente nos ofrece una propuesta de cambios a la Constitución para discutir con el método del parlamentarismo de calle y tal vez incorporar (no sabemos como es ese procedimiento de acopio de sugerencias) algunos detalles para que luego se apruebe o no por la vía refrendaria.

¿Es ese el procedimiento de la democracia participativa y protagónica? ¿Es esa la vía más expedita para recoger los verdaderos clamores del pueblo? No. De manera categórica lamento la no convocatoria a una Asamblea Constituyente que pueda discutir desde las bases, organizar y desarrollar un trabajo político consecuente en la necesidad no de reformar una constitución abiertamente capitalista, sino en la prioridad objetiva de extraer de raíz su esencia burguesa y de la mano del pueblo enterrar las nociones más reaccionarias de la misma. Ese proceso hubiera encendido la participación política del proletariado, coadyuvado al reconocimiento de sí mismo como autor del cambio social que necesita la sociedad lo que representaría un serio avance en el proceso de ganar conciencia de clase y en su valiosa diferenciación con respecto al instinto espontáneo de clase que al final se bifurca entre el atraso y la conciliación de clases.

La ausencia o puntos oscuros de muchos factores se hubieran evitado, el proceso de radicalización del proceso hubiera avanzado y las más profundas hebras de clase hubieran hecho saltar a gran parte de Chavistas que sólo defienden cargos de 5 mil dólares o la odiosa alianza con federaciones patronales como FEDEINDUSTRIA, quienes jamás harán socialismo en ninguna parte.

La reforma se debe apoyar incondicionalmente y en bloque

El chavismo acrítico y de grandes recursos provenientes de su desarrollo como social-boliburguesía ha salido a las calles a juramentar batallones por el sí, sin apenas hojear el texto de la reforma. Argumentan que cualquier persona que no le agrade la reforma ¡completa¡ es imperialista y escuálido. El fervor adulante de la parte más derechosa del chavismo opinaba de la reforma antes de siquiera el presidente anunciarla, había que defenderla a sangre y fuego. Insistían que cualquier intento examinador debe ser sumamente positivo y constructivo, es decir, no se puede protestar con severidad lo que aparece como objetivamente incompleto y confuso.

¿Votar en bloque? Debe respetarse la opinión y determinación de votar por la propuesta que se desee excluyendo las que no conviene. Hacer esto no es contrarrevolucionario (aunque aclararlo sea una perogrullada) es ejercer de forma natural el criterio y la necesidad de discernir. La burda excusa de la integralidad del proceso o su resquebrajamiento por la negación de algún artículo, pone en duda la creencia en la inteligencia y capacidad mínima de análisis de un pueblo que dicen considerar “sabio”, pero que no puede determinar que está conexo o ajeno al ideal social que presupone.

Esa forma de pensar lejos de ser revolucionaria le ha hecho gran daño al novel proyecto bolivariano y a otros procesos revolucionarios del mundo, exaltar lo bien hecho y tapar los errores es sinónimo de prepotencia e ignorancia. Es necesario el duro fuete de la autocrítica, la revolucionaria que viene desde la izquierda (no del izquierdismo) y la de la derecha con sus reaccionarios planteamientos, está última de acuerdo al grado de virulencia y estolidez permitirá saber que se hace bien y que no. De no existir, la villa socialista se deforma en un campo adulacionista donde el más generoso en el agasajo obtiene la mayor aceptación. Por tanto, no es un derecho, es un deber socialista examinar con dureza todas las propuestas y políticas hecha por cualquier gobierno del nivel que sea, comunal, estadal etc.

Revisión y crítica de algunos artículos

Del breve Artículo 16 de CRBV se ha elaborado una compleja reforma basada en el reordenamiento político-territorial. Allí surgen los conceptos como comunas, formas de autogobierno, ciudad comunal y la posibilidad de que el Presidente previa aprobación de la Asamblea haga mediante Decreto provincias y ciudades federales además de crear cualquier entidad que esté en la ley. Los trascendentales cambios que acá se proponen requieren a mi criterio una sustentación más formal y completa, la ley que artículo dice sustentará debe ser claramente explicitada y profundamente revisada en sus implicaciones y alcances. Votar por ese conjunto de ideas representa un acto de fe, debido a que se desconocen los procesos reales de la materialización de la misma.

El Artículo 54 de la CRBV reza: “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños……” Sin embargo, el agigantado sector informal (cerca del 50% de la totalidad de empleados), el buhonerismo y otras relaciones de producción al margen de la ley han venido precarizando de forma infamante el empleo, y en particular desarrollando el trabajo infantil de forma extendida. No son en las oscuras plantas de las industrias inglesas de finales de siglo XVIII, no, los infantes trabajan a la luz del día, en plena calle y sometidos a la más brutal explotación del capitalismo nómada. Este artículo, no ha sido considerado en la reforma, y debería contener la total prohibición de ejercer empleo alguno a cualquier niño.

El Artículo 59 trata: “El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos……….” Sin embargo el Estado aún apoya con inmensos recursos financieros escuelas e incluso universidades católicas como la UCAB, que tienen la estricta misión de alienar a nuestros jóvenes, formándolos en las filas del más enconado odio contra el proletariado. El Estado refuerza una superestructura que propugna la ideología burguesa, con sus premisas y toda clase de prejuicios anticomunistas, retardatarios y que manipulan de forma natural los reales sentimientos de cooperación y solidaridad. Las grandes corporaciones eclesiásticas a las que se financian cumplen un carácter plenamente ideologizador y antirrevolucionario, predican las bondades y la conformidad ante el sistema a pesar de la más terrible miseria que produce. El estado aún cuando burgués es laico, el de la transición al socialismo no debe ser menos. Este artículo ni se cuestiona en la reforma.

La reforma propone algo interesante en medio de la economía informal: “la ley creará un fondo de estabilidad para los trabajadores por cuenta propia, con aportes del Estado y el trabajador” Esto hará que trabajadores por afuera del sistema convencional tengan jubilaciones, pensión, paro forzoso etc. Esta gran idea debe instituirse no como un Seguro Social II, que los patrones escurren y adeudan cantidades asombrosas, este Seguro Social al igual que el primero debe estar gestionado directamente por los contribuyentes en gestión directa, para que puedan fiscalizar y vigilar de cerca sus recursos. Debe estar compuestos por una serie de gremios, que debido a la gran diversidad de oficios deben segmentarse alrededor de una Central única, la organización y administración del mismo han faltado en la reforma.

La gran oportunidad laboral

Es sin duda una hermosa ocasión para la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias, y un máximo de 36 semanales. Una reducción de 18% de las horas entregadas al explotador, debe servir para la construcción de un ser humano integral que pueda usar su tiempo en la diversidad de facetas que le ofrece la vida, Marx lo afirmaba una y otra vez, en la sociedad burguesa es imposible el desarrollo de las múltiples potencialidades del hombre, su crecimiento espiritual, físico e intelectual. Proveer de más tiempo de ocio colaborará sin duda en este propósito, a su vez que proporcionará mayor tiempo para actividades políticas fundamentales en el proceso de toma de conciencia.

En la sociedad burguesa el: “trabajador desciende al nivel de una mercancía, ya que cuanto más duro trabaja, cuanto más produce, se vuelve tanto más miserable” por tanto reducir la explotación, al arrebatar horas de la misma al patrón debe ser apenas el comienzo de la necesaria disputa de la plusvalía expropiada por quienes viven del trabajo ajeno, sin embargo es menester crear un frente unitario de trabajadores que puedan llevar a cabo un radical y estructural cambio en la Ley Orgánica del Trabajo, que desde hace 8 años sólo ha recibido retoques y que es esencialmente blanda y dócil con los compradores de trabajo, a tal punto que de no hacerse latente el cambio en ella, esta reforma positiva quedará entre los hermosamente inútiles derechos que a la burguesía le gusta atropellar.

Entre los derechos laborales olímpicamente avasallados se encuentran en la CRBV los artículos 91: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa” y 92: “El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses” Ambos extractos pueden ser empalagosamente engañosos, salvo para un trabajador cualquiera que reconoce lo fácil que le es al patrón pisotearlos impunemente. Es menester repetir lo necesario de crear una nueva Ley del Trabajo, que en verdad lo dignifique y arranque las concepciones más lacayunas que esta ley arrastra.

Hace poco que la llama de la protesta estudiantil de derecha se apagó y desapareció en la humareda de de la defensa de las corporaciones de comunicación y el antichavismo más elemental. A pesar de la manifiesta mediocridad de la derecha anquilosada en las universidades (todas las privadas y las públicas de vieja data) en la propuesta se deja intacto uno de los mejores engaños para aburguesar y estupidizar a estudiantes, el discurso de la “Autonomía Universitaria” y seudo-universalista de estas lupanares de ideologías liberales. El articulo 109 de CRBV donde se consagra la autonomía ha quedado fuera de revisión, y en él se estipula: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda….” Los antivalores y la continua exaltación colonialista y egoísta prepara en las (j)aulas a los opresores para pisotear y a los oprimidos para recibir la suela entera.

Necesario es plantearse como enemigo radical la superestructura educacional y darle un real cariz humanístico, pero no del humanismo abstracto de la derecha, se trata de hacer la educación para emancipar, imaginar, crear y construir una realidad donde la explotación sea vista como una gesta bárbara y salvaje, si se desea al llamado “hombre nuevo”, des-mercantilizar la educación y arrancarla de un puño de académicos burgueses es poco menos que imprescindible. Los cambios en la materia Económica, lucen estrechos

El artículo 112 es requisito de cualquier patronal en el mundo: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones… El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza…” Este artículo no fue susceptible a cambio, y es el verdadero trasfondo de la presión burguesa sobre la base jurídico política de su organización básica de represión, el Estado.

En la etapa actual del capital por la historia agudiza su tendencia a la concentración y centralización de capital, arremete contra el trabajador y le desplaza cada vez más de la riqueza producida por ellos mismos. Cada día, el capitalismo coloca las técnicamente llamadas barreras a la entrada que se comprenden como un inmenso arsenal de obstáculos que dificultan o hacen prohibitivos cualquier intento de poner en marcha cualquier empresa. Por tanto, la libertad de empresa es una falacia, que encubre en la inmisericorde absorción y proletarización de millones de personas que son separadas de los medios de producción y que objetivamente están vendiendo su fuerza de trabajo en condiciones de hambre y abatimiento.

El estado debe dejar de defender y estimular la “iniciativa privada” y el falso discurso de la justa distribución de la riqueza, que jamás se podrá realizar en una sociedad cuyas relaciones de producción sirvan para muy pocos vivan del trabajo de muchos. Plantearse la repartición del excedente anual o beneficio neto de las empresas en una tasa de al menos 50% para trabajadores y el resto para burgueses sería un paso propio de la transición al socialismo y que si puede plantear contradicciones de mayor dimensión en la sociedad.

El cambio propuesto al artículo 113 de la CRBV que prohíbe el monopolio parece ser un avance, sin embargo sería interesante ver como en una economía dominada ampliamente por empresas que manejan cuotas de mercados de hasta 70%, o dúos de transnacionales que poseen el 90% de las colocaciones, se podrá revertir de forma efectiva este flagelo natural del capitalismo del siglo XX y más aún del XXI. Sin la construcción de un gran parque industrial de millares de trabajadores será imposible sustituir la producción o importación de mercancías de los oligopolios. El desarrollo de este parque no luce factible al corto plazo, las empresas de computación en alianza con China y la de automóviles en alianza con Irán, han probado lo difícil que es instalar y poner en marcha una compleja industria.

El escándalo de la propiedad. La derecha más atrasada ha salido a prevenir el peligro que corre la propiedad privada y las posibilidades reales que se plantean en la reforma de facilitar los procesos de expropiación, sin embargo “En la propuesta de reforma al artículo 115 se continúa garantizando la propiedad privada en todos sus órdenes y en lo fundamental, la de los medios de producción” La descripción de otras formas de propiedad no estriba en mi criterio, ningún avance práctico y mucho menos como dicen algunos: “la democratización real de la propiedad….. Donde de manera revolucionaria aniquila el criterio único de la propiedad privada excluyente, generadora de desigualdades e injusticias”

A mi entender la propuesta carece de una explicación sólida referida a la diferencia entre propiedad personal y propiedad privada, bienes de consumo y medios de producción. A un estado socialista no debe interesarle la propiedad personal: la que se utiliza directamente en la satisfacción de una necesidad y no se utiliza para comerciar, pero si le es importante la propiedad privada: que se refiere a los medios de producción que en su diversidad sirvan para explotar trabajadores y generar plusvalor. La propiedad sobre los medios de producción sólo aparece relacionada a la propiedad privada, más no a las otras 4 (comunal, social, mixta y pública) y tampoco se entiende la colocación de la frase “medios de producción legítimamente adquiridos), es importante aclarar ese tema.

Otras de las innovaciones se refieren al artículo 136 habla de que el pueblo: “…es depositario de la soberanía y la ejerce a través del Poder Popular”, lo cuál ha emocionado a muchos intelectuales de la izquierda, sobre todo a los “autonomistas”, que consideran que el Poder Popular: “no es un poder institucional, es un poder constituyente e insurreccional en el sentido propio de la palabra”

Más allá de mis particulares criticas a la concepción autonomista del poder y la concepción postmoderna de “multitud” y “redes”, es notoria la negación por parte de estos grupos a “institucionalizar” el poder popular, es decir a incluirlo en el carril de la burocracia. Y ello radica en la praxis a la delimitación y castración legal bajo una angosta “ley orgánica del Poder Popular” o algo de naturaleza aún más burguesa, donde existan representantes de dicho Poder que sean nombrados a dedo, se profesionalicen en sus cargos, remuneren 20 o 30 veces más que un obrero calificado, se empotren en sus oficinas, atiendan a miles de personas como si fueran números y sólo vivan para cuidar su puesto y emolumentos. Dicho de forma más elegante: “Incluir el poder popular como un poder institucional más, pacificado y burocratizado, soporte de la paz impuesta por el Estado, es herirlo por el pecho, cosificarlo y alienarlo de su propia naturaleza” Sumergirlo en la turbia ciénaga de la distribución de subsidios, créditos, asistencias por medio de un complejo baremo de necesidades superficiales del Estado-nación republicano importado en el proceso de colonización y probadamente estéril como generador de revolución socialista.

La reelección infinita del comandante

Esta es una de las lanzas más puntiagudas que empuñan contra la reforma. La posibilidad de que Chávez sea presidente por unos 37 años o más es una pesadilla frecuente en el imaginario reducido y holywoodense de la derecha criolla. Sin embargo, a simple vista como dice un ideólogo que no es de mi agrado:”La reelección indefinida es en el fondo una forma democrática, por eso la tenemos en las democracias burguesas más antiguas” y obviamente los pueblos deberían tienen el derecho de elegir las veces que quiera a quienes más y mejor trabajen por cumplir sus propósitos ofrecidos alguna vez en los programas eleccionarios.

Lo anterior suena bien, lo extraño es que ese mismo criterio sólo se aplique al Presidente de la República, a más nadie. Lo que contradice la justificación anterior y nos hace pensar en la excesiva condensación de deberes en una figura y nos suponer que sin un presidente como Chávez por 30 años será imposible hacer revolución alguna, es decir, todo depende de Hugo.

Si se va a sembrar la semilla del socialismo debe romperse con la imagen alienada y caudillesca de la figura todo-poderosa-presidencial inoculada desde finales del siglo XIX. Es necesario quitarle poder al Estado Burgués y a su clase, esa es la tarea de las masas y su vanguardia, no es desde la deificación a una figura del mismo Estado, como se rompe el molde que asfixia y abruma.

En mi modesta opinión la reelección infinita y la utilización del erario público para consolidarlo es una manifestación contraria incluso al nivel más básico de la transición al socialismo. Ernest Mandel solía decir que: “para acabar con la burocracia todos debemos participar en el Estado (de los trabajadores) en cualquier función, aunque sea un día”. Evitar la profesionalización estadal y la eternización de figuras en los cargos debe ser tarea de una revolución, que como dijo el Che “si la revolución no es socialista, es caricatura de revolución”. El estado proletario, debe incluir a todos en las tareas de administración y gestión, debe ser transparente y estar al alcance de quienes quieran apoyar el proceso desde allí. La reelección infinita hace presumir que sólo dentro del Estado (burgués) y con un buen presidente se hace revolución, cuando esto jamás ha sido así.

Entre los pececitos burgueses que revolotean en la CRBV y nadie habla

Entre las múltiples aristas que simula a un “tratado de libre comercio” se destaca el artículo 301, que dice:”…La inversión extranjera esta sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional…” Si esto es cierto, el Estado no podría defender la industria pública, a las cooperativas y ni siquiera a la burguesía nacional ante la inundación de mercancías súper-subsidiadas (Europa-EEUU) o sangrientamente baratas, fruto de la más salvaje explotación (sudeste asiático). Al rebajar la jornada de trabajo y seguir mejorando las condiciones del trabajador los precios de las mercancías serán menos competitivos que el de los países que utilizan mano de obra semiesclava, o súper defienden sus industrias de alta tecnología. Impedir la quiebra de nuestra producción es sobrevivir. El artículo 301 debe fenecer.

El 303, que tampoco se ha propuesto modificar, viene con algo similar con respecto a PDVSA que según Luís Britto: “Si se permite que las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otro ente que cree PDVSA no estén sujetas a su control accionario, ésta podría desintegrarse en multitud de filiales dominadas por intereses distintos de los de la República. Se la privatizaría mediante la participación de capitales privados en dichas filiales y asociaciones” El artículo debe reformase y evitar que de ningún modo se pierda control de cualquier filial o empresa que vaya a trabajar en asociación con el corazón económico del país.

En cuanto a la materia tributaria y su necesaria progresividad retoza una vieja deuda con quienes incluso desde la izquierda más conservadora abogan por impuestos que tiendan a mejorar la distribución de la riqueza social. En este ámbito el artículo 316 tampoco se ha reformulado y aún tiene carencias como la ausencia del planteamiento de la territorialidad, que comulga abiertamente con los lesivos tratados de doble tributación, que permiten a las compañías transnacionales extraer las cuotas de plusvalor más grandiosas, y expoliar las riquezas de nuestra nación olímpicamente y sin tan siquiera pagar impuestos importantes en la nación. Este mecanismo de neocolonización no se puede mantener impune, ni siquiera en un proceso de liberación nacional progresista.

Sobre la molesta autonomía del Banco Central (con respecto a los intereses de la nación) es loable el esfuerzo que se plantea en la reforma del artículo 318. La política monetaria y su ámbito global estará ligado al plan de desarrollo nacional, las ingentes reservas internacionales y otras prerrogativas ahora estarán:”bajo la administración y dirección del Presidente de la república, como administrador de la Hacienda Nacional” lo que afianza la figura del presidente copará todos los espacios del poder efectivo.

El creación del término reservas internacionales excedentarias para aplicarlas a las reservas que sobren a las reservas “necesarias” (reforma del artículo 321) hasta ahora es para mi ininteligible. Lo que luce aún más extraño es: “…….las reservas excedentarias, las cuales se destinarán a fondos que disponga el Ejecutivo nacional para inversión productiva desarrollo e infraestructura, financiamiento de las misiones…..” Dicho esto, la discrecionalidad del gasto podría llegar a límites nunca antes visto, usar las reservas para gastos que el ejecutivo “disponga” lo hace disponedor del erario público, cuando en realidad sólo debe ser la expresión de las necesidades de la población y su administración evocada a suplirlas. Si se quiere hacer socialismo, dejemos al pueblo decidir que se gasta, que se compra y que no, y que el mismo ejecute. Todo ello se condimenta con la terrible falta de información y transparencia que atenta contra todo principio socialista y colectivo.

Indudablemente que: “Uno de los grandes problemas de este proceso es que se ha entronizado una visión dicotómica o binaria del país que reduce el debate y la lucha política al maniqueísmo de una supuesta disputa entre chavistas y escuálidos, desapareciendo las clases sociales como por arte de magia” En este escrito sólo se presenta un corte diverso de la situación, un enfoque que surge de las necesidades más sentidas del proletariado, que ve los grandes cambios del proceso de liberación nacional bolivariano con mucha alegría, pero que se enfurece con las de ganancias groseras, explotación, ráfagas de represión policial y la permanencia de la pobreza en medio de una bonanza económica sin precedentes.

La obligación de cambios radicales no es un capricho, es una necesidad científica, debemos luchar contra el capital con toda la urgencia y el vigor que nos demanda un planeta que se destruye por un sistema genocida y salvaje. Dejar atrás la sociedad burguesa, como la prehistoria de la humanidad es una tarea no de hoy, ni de ayer, lleva al menos 150 años de atraso, vacilar es perderse. Que la crítica dura sea el impulso de la disciplina y el más serio compromiso revolucionario. Los bufones y aduladores que aplauden a rabiar los triunfos y callan los fracasos, jamás en la historia han dejado, legado alguno.

Manuel Sutherland (msutherland12@gmail.com). El autor pertenece a la Asociación Bolivariana de Economistas Socialistas (ABES).
(Publicado en Rebelión)